08 17 2017
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Fabricando Terroristas, un análisis de las detenciones en el Zócalo capitalino el 20 de noviembre.

Coyuntura MexiquensePor Monserrath García Deheza, columnista de Radiografía Informativa.

Se cumplen dos meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía de Guerrero, tragedia que fue el punto de quiebre entre los ciudadanos y la clase política, pues a partir del 26 de septiembre los eslabones de injusticia, corrupción y violencia, evidenciaron sobremanera la crisis del Estado mexicano.

Después de la marcha del 20 de noviembre, del uso indebido de la fuerza en el Zócalo capitalino, de la brutal represión policial hacia ciudadanos, y muchas detenciones arbitrarias; once ciudadanos fueron consignados en penales de máxima seguridad por los delitos de motín, delincuencia organizada, tentativa de homicidio, y una indagatoria por posible comisión del delito de terrorismo.

Así como se lee “te-rro-ris-mo”. La ley mexicana da para eso y más.

¿Recuerdan las reformas estructurales? En febrero pasado, el presidente Peña Nieto diseñó la criminalización de la protesta social, y el PRI en el Senado validó la reforma. Tipificaron la protesta social como una forma de terrorismo, retirando la última fracción del artículo 139 del Código Penal, que eximia a las protestas sociales de ser comparadas con hechos terroristas.

Finalmente el artículo 139 establece que se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días de multa a quien “…utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios”.

También, establece que el delito se comete cuando se trate de instalaciones públicas, privadas, o bien, contra la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector, para “atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a este para que tome una determinación”.

Por tanto, la libertad de expresión puede perseguirse indiscriminadamente bajo el pretexto de combatir el terrorismo, tal como la PGR lo está haciendo, usando como prueba de las acusaciones el testimonio de cinco policías y nada más.

Si el gobierno federal sigue en su misma línea, el Estado de Derecho morirá lentamente, pues éste solo tiene cabida cuando hay imperio de la ley acompañado del  respeto a los derechos fundamentales del ciudadano.

Los mexicanos somos indignados, el presidente nos llama desestabilizadores, la PGR nos acusa de terroristas, los granaderos afirman que somos “compas”. Las etiquetas sobran, los delitos sobran, el terrorismo se siembra…

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