12 16 2017
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Panorama de violencia contra las mujeres “no es nada alentador”: Diputados

Ciudad de México.- En México, dos de cada tres mujeres de 15 años y más han sufrido algún acto de violencia (emocional, sexual, económica, patrimonial, laboral, física o discriminatoria). Las entidades con mayores casos son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.

Así fueron informadas diputadas de las Comisión Especial de Delitos cometidos por Razones de Género, al conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares  (ENDIREH) 2016 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La presidenta de esta instancia legislativa, diputada Maricela Contreras Julián (Morena), expresó que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebrará este 25 de noviembre, el “panorama no es nada alentador, pues se tienen agresiones, representadas por el feminicidio, desapariciones, violaciones, abusos sexuales, torturas, mutilaciones, la violencia política y obstétrica”.

Indicó que esta encuesta busca visibilizar lo que está sucediendo con la violencia contra las mujeres y reconoció que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho durante décadas, “no hemos logrado que se modifique la cultura o el chip que normaliza la violencia contra las mujeres y que incluso la justifica”.

La violencia de género, dijo, es una de las peores trabas que impide el pleno goce de los derechos de las mujeres y también frena el desarrollo del país. “Las implicaciones de la violencia hacia las mujeres no solamente son en el cuerpo de la mujer, sino todo lo que eso implica”.

Contreras Julián argumentó que las leyes no se aplican y, en muchos casos, las políticas no dan los resultados que se esperan; incluso, “se han creado instituciones que han costado trabajo pero no dan resultados o no son de contundencia ante los temas de violencia”.

Resaltó que no hay localidad, ni comunidad, municipio o estado donde la violencia contra las mujeres no esté presente, pues “no es un asunto de quién gobierne o de qué partido represente, porque estas agresiones están presentes en todas entidades y los rincones más alejados”.

Resaltó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se logró aumentar los recursos destinados para combatir la violencia de género y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Se contempla una bolsa de 47 mil 918 millones de pesos, lo que es el 67 por ciento más que en 2017 y un 71 por ciento superior al del 2016.

María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada de MC, afirmó que la ENDIREH permite conocer las formas y mecanismos de la violencia contra las mujeres. “Faltan cosas, pero esta encuesta nos ha beneficiado a las mujeres. Debe presentarse a todos los gobiernos municipales y estatales, y a partir de estos datos, generar políticas públicas”.

Al presentar la ENDIREH 2016, Adrián Franco Barrio, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, del Inegi, expresó que el 66.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún acto de violencia (emocional, sexual, económica, patrimonial, laboral, física o de discriminación), es decir, dos de cada tres.

Los estados con mayores casos de violencia contra las mujeres son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. En contraparte, los menores registros están en San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas.

Ana Laura Pineda Manríquez, directora general de Evaluación y Desarrollo Estadístico, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aseguró que la ENDIREH es la primera encuesta destinada a medir la pobreza contra las mujeres en América Latina y ha mostrado el carácter estructural de la violencia de género.

Este tipo de documentos revela que en la prevalencia de la violencia total (pareja u otros agresores), observada en 2008, 2011 y 2016, de seis a siete mujeres, por cada 10 han vivido por lo menos un episodio de agresión.

Además, la ENDIREH 2016 precisa que la población femenina enfrenta barreras de género para solicitar y recibir ayuda, como prácticas discriminatorias y violentas en algunas instituciones de atención a víctimas, especialmente las de salud y de justicia.

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