Ecatepec, Edomex.- Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al Senado de la República condenó la actuación del gobierno de los Estados Unidos de América en el trato inhumano que dan a los hijos de indocumentados, al confinarlos en jaulas, por lo cual es urgente crear y mejorar las condiciones laborales y de desarrollo educativo para revertir el proceso migratorio del país.
Durante una gira de trabajo en el municipio de Ecatepec, la maestra Delfina Gómez acompañó a Azucena Cisneros Coss, candidata de Morena a la diputación loca, y refirió que de llegar al senado va a lazar una iniciativa de ley para fortalecer a la Comisión de los Derechos Humanos para enfrentar a las autoridades del país del norte y exigir un trato de respeto a los migrantes.
La ex legisladora federal, en entrevista lamentó que el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sólo emprendió una débil defensa de las familias mexicanas retenidas por las autoridades de migración de Norteamérica.
Destacó que el canciller mexicano debe dejar de actuar con “Tibieza y lazar un pronunciamiento y acciones con firmeza”, para frenar más violaciones y vejaciones a los derechos humanos de los migrantes retenidos en el país del norte.
Explicó que se deben modificar las condiciones de desarrollo en México, e impedir que los connacionales se vayan porque no hay condiciones para ocupar un empleo digno, “que se vayan pero a estudiar, de viaje, pero no expulsados por falta de empleo y oportunidades”.
Agregó, actualmente “No hay oportunidades de mejorar las condiciones de vida para sus familias, los campesinos también se van al estar las tierras de cultivo inactivas, al no contar con apoyo para equipo, semillas para la producción, y optan por abandonar su fuente de trabajo”. Esto debe cambiar a partir del 2 de julio.
Por ello, consideró Delfina Gómez que es necesario crear iniciativas de ley para garantizar a los mexicanos “Una mejor calidad de vida, a través de la consolidación de empleos bien remunerados y permanentes”.
Finalmente, Gómez Álvarez dijo que se debe atacar con firmeza los actos de corrupción en el gobierno, y esos recursos deben ser invertidos en mejorar la calidad de vida de las personas, aunque es un proceso a mediano plazo que puede concretarse en seis o doce años, pero que ya debe iniciar.