Radiografía Informativa.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entregó a la Asamblea Legislativa local (ALDF), su propuesta para un Acuerdo de Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y en el Distrito Federal (realizada por expertos académicos nacionales e internacionales para mejorar las percepciones de la clase trabajadora en mayor desventaja) y ante los integrantes de las diversas fracciones, subrayó que “no es un capricho ni una arbitrariedad”, sino que responde a los lineamientos definidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Señaló que el salario mínimo debe ser lo que marca la Ley y resaltó la importancia de hacer cumplir lo que en ella se estipula “so pena de contravenirla”; además, citó que la propuesta de incremento paulatino que en este documento se define, tiene como base la referencia planteada por el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) de la Política de Desarrollo Social, en el sentido de que el salario que perciben los trabajadores debe permitirles acceder al mínimo de una canasta alimentaria y poder sostener a una persona o a un dependiente económico.
En el Auditorio Benito Juárez de la ALDF, el Ejecutivo local explicó que el documento –que entregó la víspera en la Cámara de Diputados para su análisis– plantea una meta inmediata para 2015, y que sitúa en 82.86 pesos el incremento del salario.
En este sentido, hizo un comparativo con Chile, donde México se muestra a la par en materia de productividad pero en referencia a salarios, hay un despegue considerable de la nación sudamericana.
Miguel Ángel Mancera (quien fue acompañado por integrantes de su Gabinete, entre ellos los secretarios de Gobierno, Héctor Serrano, de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski, del Trabajo y Fomento al Empleo, Patricia Mercado, y de Finanzas, Edgar Amador Zamora, adelantó que presentará una iniciativa de Ley para desvincular en la CDMX elementos ajenos a las funciones del salario, entre otras medidas que contribuyan a mejorar los ingresos de -por lo menos- 370 mil trabajadores que (según los registros) ganan el mínimo; pero antes de eso, quiso presentar la propuesta para que los legisladores conocieran cómo sí se puede hacer.
“En el Gobierno de la ciudad no podíamos solamente presentar una iniciativa a la Asamblea Legislativa, sino que primero teníamos que mostrarles cuál era la propuesta, que conocieran todos y cada uno de los puntos que ahí se desarrollaron porque este trabajo lo hemos venido haciendo de manera responsable, seria, con una conducción absolutamente profesional, con expertos”, comentó al señalar que con el apoyo de las fracciones parlamentarias se refrenda el compromiso para lograr que el salario mínimo tenga un incremento digno.
“Ahí es donde debemos de estar en una línea de concordancia, debemos dejar que sea un referente de la productividad laboral, de las necesidades de los trabajadores, de esa materia específica”, expresó tras detallar que su planteamiento pretende un incremento aproximado de 23 por ciento, lo que se traduciría en una repercusión del 0.9 por ciento en materia económica por una única vez y con una degradación paulatina.
Añadió que la propuesta que surgió el pasado 1° de mayo, da muestra de que México ha tenido productividad, pues desde 2005 a la fecha se observó que ha tenido un incremento en la productividad de 15 por ciento. “Es por eso que creemos que hay varias obligaciones que tenemos con este planteamiento, una de ellas es muy clara y lo dijimos desde el principio, sí es un debate jurídico, sí es un debate económico, sí es un debate social y también es un debate ético el que tenemos que asumir con el salario mínimo”, precisó.
Reiteró que en su administración se hará todo lo necesario para el progreso no solo de la CDMX sino del país, porque “no es importante el tema de la paternidad, es importante el tema de la construcción, del acuerdo, en el Gobierno vamos a seguir haciéndolo así, sin estridencias”.
En su oportunidad, Salomón Chertorivski enunció las diez medidas que en conjunto, posibilitarían una nueva política de recuperación de los salarios mínimos no solo en el Distrito Federal, sino también en todo México. Refirió que las primeras cinco propuestas abarcarían el contexto nacional y las últimas cinco en lo particular a la CDMX.
En primer lugar propone buscar un amplio Acuerdo Nacional para incrementar el salario mínimo en el año 2015 y colocarlo en 82.86 pesos, con el objetivo explícito de que un trabajador perciba lo indispensable para superar la línea de bienestar mínimo y adquirir la canasta alimentaria, es decir un aumento del 23 por ciento.
El segundo punto propone desindexar al salario mínimo como referencia de otros precios y variables ajenas al mercado laboral, mediante la emisión de una Ley General de la Unidad de Cuenta del Estado Mexicano; la tercera busca fortalecer la autonomía, institucionalidad, representatividad y capacidad técnica del organismo encargado de emitir los decretos anuales que determinan al salario.
El cuarto punto plantea integrar una Comisión Interinstitucional cuyo mandato sea garantizar los objetivos de la nueva política, monitorear y hacer el seguimiento puntual de los efectos del aumento en los sueldos mínimos; y el quinto señala modificar el calendario de determinación del salario mínimo una vez que hayan ocurrido las negociaciones contractuales de los demás salarios. Respecto a la capital se sugiere que la ALDF avance en su propia labor de desindexación en todas las leyes locales pertinentes.
Asimismo, indica que el Gobierno del Distrito Federal pueda emprender un amplio programa de mejora laboral para sus trabajadores con más bajos salarios, especialmente los que son contratados por honorarios o los que mantienen una relación laboral diferenciada.
Como octavo punto se sugiere que el Gobierno de la CDMX, establezca una nueva política general de contratación de servicios y de bienes, para relacionarse solo con empresas que demuestren pagar un salario mínimo de 82.86 o más a sus trabajadores de más baja afiliación.
El noveno punto marca una revisión caso por caso, es decir que el Gobierno local podría desplegar una política de excepción fiscal al Impuesto Sobre Nómina, en las micro y pequeñas empresas durante el primer año, al inicio de la recuperación de los salarios.
El décimo punto refiere que en una tarea coordinada entre Gobierno local y federal se piense en impulsar mecanismos de vigilancia e inspección de las condiciones generales de trabajo en los establecimientos y empresas del Distrito Federal.