Radiografía Informativa.- Derivado de los operativos instruidos por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para mantener el esquema de seguridad en la capital del país, la Secretaría de Seguridad Pública capturó a cuatro probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad, y rescató a once víctimas en la colonia Américas Unidas, delegación Benito Juárez.
El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, dio a conocer en conferencia de prensa, que los inculpados fueron identificados como: Rómulo Padilla Morales, Giorgio Alberto Badillo Rodríguez, Héctor Solórzano Santos y José Alejandro Jiménez Rojas.
El primero de ellos, se desempeñaba como el líder de la banda, es originario del estado de Tamaulipas, y militar retirado con el grado de Capitán.
Quedó asentado en la averiguación previa que la madrugada del pasado 7 de junio, las víctimas, entre ellos tres hombres y tres mujeres adultos, y cinco menores de edad, cuatro de ellos recién nacidos, se encontraban en su domicilio en las inmediaciones de la delegación Xochimilco, cuando de manera sorpresiva, alrededor de 10 sujetos del sexo masculino allanaron su domicilio.
Al efecto, los implicados utilizaron vestimenta de la Policía Federal y la extinta Agencia Federal de investigación. En esta acción fueron dirigidos por Rómulo Padilla Morales, por lo que empleando violencia física y moral, intimidaron a las víctimas con diversas armas y gritos altisonantes. En el transcurso de estas acciones, hirieron con disparo de arma de fuego a una de las víctimas en la pierna derecha.
Acto seguido, procedieron a atar a los ofendidos con cinta canela, antes de subir a los hombres a una camioneta de la marca Chevrolet, color verde, propiedad de las víctimas; mientras que a las mujeres y menores les obligaron abordar una camioneta tipo Journey, propiedad de los inculpados.
Cabe mencionar que durante el trayecto, dos mujeres fueron víctimas de tocamientos lascivos, mientras que los hombres eran amenazados con violar a sus mujeres para después privarlas de la vida.
Una vez que los captores y sus víctimas arribaron al número 123 de la calle Hilario Pérez de León, el líder de la banda accionó el portón eléctrico para permitir el acceso de la camioneta Journey, lugar donde los esperaba Héctor Solórzano Santos, portero del inmueble, al momento en que Rómulo Padilla Morales ordenó a José Alejandro Jiménez Rojas resguardara a las víctimas en una habitación de un hotel ubicado sobre Calzada de Tlalpan.
Al no encontrar habitaciones, regresó al domicilio antes referido, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que realizaban funciones de patrullaje, se percataron que la camioneta Journey se encontraba mal estacionada, por lo que al momento de requerirle al conductor José Alejandro Jiménez Rojas, éste les respondió que eran custodia de funcionarios.
En ese momento, Rómulo Padilla salió del inmueble accionando su arma de fuego, haciendo lo mismo José Alejandro Jiménez Rojas, por lo que los elementos de la Secretaría pidieron refuerzos, iniciándose de este modo el enfrentamiento y persecución, que concluyó en la azotea del edifico, donde se aseguró al implicado Giorgio Alberto Badillo Rodríguez.
De las declaraciones rendidas por las víctimas, se logró establecer que Rómulo Padilla Morales, junto con otros nueve cómplices, entre ellos José Alejandro Jiménez Rojas y Giorgio Alberto Badillo Rodríguez, sometieron a las víctimas, y al llegar al domicilio de la calle Hilario Pérez de León, refirieron que ya los esperaba Héctor Solórzano Santos.
La representación social integra los elementos de prueba para ejercer acción penal contra los probables responsables por la comisión del delito de privación ilegal de la libertad agravada diversos once, por el que podrían alcanzar de conformidad con las reforma publicadas el 3 de junio del presente año, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, una penalidad de 50 a 90 años de prisión por cada una de las víctimas.
Cabe decir que las agravantes consisten en actuar en grupo, emplear violencia, allanar el inmueble en el que se encuentra la víctima, que la víctima sea menor de dieciocho años, que los autores se ostenten como integrantes de alguna institución de seguridad pública, se cause a la víctima alguna lesión, ejercer actos de violencia sexual.
Una vez que el Ministerio Público ejerza acción penal, se elaborará el desglose correspondiente dirigido a la Procuraduría General de la República, por lo que hace a los delitos de su exclusiva competencia.
