Texcoco, Edomex.- Ante la sentencia “inapelable” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de “despojar” de 5 hectáreas al núcleo ejidal de San Miguel Tlaixpan que comprende a 142 ejidatarios y sus familias, en lo que es el Centro de Readaptación Social “Alfonso Quiroz Cuarón” y juzgados penales, los inconformes señalaron que no les queda más que “la resistencia civil” donde se ejecutarán diversas acciones con el fin de exigir justicia y de que el poder judicial “no tuerza la ley de manera impune”.
Edmundo Caballero Gómez, Presidente del comisariado ejidal; Alejandro Ramírez, Secretario y Patricia Velázquez, tesorera, así como el asesor jurídico de este núcleo ejidal, Maurilio Ramírez Arizmendi, se mostraron contrariados ante esta sentencia del máximo tribunal de la nación, el cual señalaron de injusto y de que no lo revisaron siquiera, ya que simplemente refrendaron lo que otros tribunales menores ya habían determinado como; “cosa juzgada”.
Los declarantes recordaron que esta historia data entre 1978 y 1980, cuando el Gobierno del Estado de México solicitó al comisariado ejidal de San Miguel Tlaixpan de ese entonces, 5 hectáreas para la construcción de este penal y para tal efecto se firmó un convenio para la ocupación previa, en donde el propio gobierno estatal se comprometía (por escrito) a realizar la expropiación del ejido en cuestión, cosa que “lamentablemente” a través de los años nunca hicieron.
Como se sabe, con el paso del tiempo, la ley agraria ha cambiado por lo que al retomar este problema años después y en donde han pasado los tres últimos gobernadores y en el cual se ha solicitado a través de diversos recursos legales la regularización de la tenencia de la tierra a la parcela 125, la cual fue asignada a donde ahora está el reclusorio por parte del Programa de Certificación de Derechos (PROCEDE) en el año 1994.
Desde aquellas fechas se inició una lucha legal y lamentablemente “a pesar de que la razón no les asiste” han sentenciado en contra del ejido, en primer término señalando la “prescripción del proceso legal” y después sin mayor análisis del problema, todos los tribunales a partir de ese precepto legal han señalado como “cosa juzgada”, tal es el caso de; la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios, los Tribunales Colegiados, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijeron los inconformes.
Para ellos el hecho más lamentable es que después de recibir los reveces en los diversos tribunales y como última oportunidad fue recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el precepto legal de; Recurso de Revisión, en esta corte, bajo el número 2236/2016, pero aquí denuncian que sin entrar al fondo del asunto y de manera ligera confirman la sentencia de “cosa juzgada”.
“En el actual periodo de gobierno de Eruviel Ávila Villegas, insistimos en la necesidad de regularizar la tenencia de la tierra de la parcela número 125, que tiene en posesión el Gobierno del estado de México, esto mediante la acción de expropiación a que se refieren los artículos 93, 94, 95, 96, 97 de la Ley Agraria , instaurándose el expediente número 270/2013, el cual fue resuelto de nueva cuenta en contra, con el falso argumento de que existe cosa juzgada, esto en virtud de que en anterior juicio, el Tribunal Agrario decreto procedente la acción de prescripción que hizo valer el demandado Gobierno del Estado de México, por lo que se ordenó al registro agrario Nacional expidiera el certificado parcelario a favor del demandado”, señala un escrito a la opinión pública.
Ante todo ello, afirmaron que iniciarán una serie de acciones de resistencia civil y de manifestación amparados en la constitución con el fin de que se reconozca que la parcela 125 de 5 hectáreas donde está el reclusorio y los juzgados penales en la parte superior del Molino de Flores, ha dejado de ser ejido y eso solo se puede realizar, dijo el abogado Maurilio Ramírez, con el procedimiento de expropiación con el respectivo pago de este terreno, ya que de otra forma y hasta este momento dicha parcela sigue siendo ejidal y “nos asiste el derecho de exigir el cumplimiento de la ley”.
Lo único q pretenden estos señores es obtener recursos $$$ sin realizar actividades, el abogado ademas de asesorar su parte se lleva dado que ya lo hicieron con los terrenos del CETIS donde por cierto estudian muchos de los jóvenes de la comunidad y que es una de las instituciones de educación técnica mas cercana. Como ya se dieron cuenta que si les genera $$$ también han de pensar realizar lo mismo con sus escuelas como la secundaria primaria y preescolar no?