Ciudad de México.- La Cámara de Diputados recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, donde sugiere al Congreso de la Unión expedir a la brevedad la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas.
El objetivo es tipificar los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y homologar criterios para su investigación, sanción y reparación de daños a las víctimas.
Conforme al documento enviado a la Comisión de Derechos Humanos, se plantea que los tipos penales deberán contemplarse como delitos imprescriptibles, autónomos, continuos o permanentes; propone la obligación de los órganos de procuración de justicia del país de contar con agentes del Ministerio Público especializados en búsqueda de personas desparecidas.
Prevé reformar los artículos 50 bis y 50 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que al entrar en vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, los jueces federales autoricen las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas a los agentes del Ministerio Público responsables de las investigaciones relacionadas con dichos delitos.
La CNDH reconoce que el país enfrenta un problema estructural en la atención de la desaparición de personas, derivado de varios factores, entre otros, la falta de una ley en la materia, inconsistencias jurídicas, así como la falta de profesionalización de quienes deben atenderlo, aunado a la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad, corrupción y colusión de diversos servidores públicos con la delincuencia organizada.
Cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas a octubre de 2016, suman 29 mil 903 de las cuales 28 mil 937 corresponden al fuero común y 966 al fuero federal. De acuerdo con dicho registro, en los últimos 10 años ha aumentado el número de personas desaparecidas, ya que en 2007 hubo 662 casos; en 2008, 822; 2009, mil 401; 2010, 3 mil 227; 2011, 4 mil 94; 2012, 3 mil 343; 2013, 3 mil 878; 2014, 4 mil 196; 2015, 3 mil 768, y hasta octubre de 2016, 3 mil 805 casos.
El 82.71 por ciento de personas reportadas como desaparecidas del fuero común que corresponde a 23 mil 934 casos, se concentra en 11 entidades: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla y Michoacán.
En el documento, la CNDH externa su preocupación por el aumento de hallazgos de fosas clandestinas y el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumados. Del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016 se habían localizado 855 fosas clandestinas, de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, e identificado a 796.
Los estados con mayor número de fosas clandestinas son Guerrero, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Coahuila, Colima, San Luis Potosí, Durango, Jalisco y Sonora, Las autoridades de Baja California, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Ciudad de México señalan no contar con antecedente alguno, en tanto que las de Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas son omisas en atender el pedimento en este tema.
