Toluca, Edomex.- Al reunirse con integrantes del Consejo Ciudadano del Estado de México, el Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez dio a conocer que al cierre del año 2017 las sentencias condenatorias, las vinculaciones a proceso y el cumplimiento de órdenes de aprehensión registraron un incremento gracias al trabajo procesal y de litigación realizado por la Institución.
Junto con Jacqueline García, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estatal, el Fiscal de Justicia mexiquense se pronunció en este sentido, por construir ciudadanía y promover la participación de la sociedad en los procesos penales, pues ello contribuirá a que los delincuentes no queden en libertad.
“Este es el comparativo de órdenes de aprehensión 2016-2017, recibimos en 2016, 2 mil 587 órdenes de aprehensión en contra de 3 mil 611 personas; cada orden de aprehensión puede ser contra uno o varias personas debido al delito de que se trate. En el 2017 recibimos más ordenes de aprehensión, 2 mil 819 contra 3 mil 885 personas”, aseveró.
En el mismo periodo de tiempo “en sentencias condenatorias pasamos de 4 mil 615 en 2016 a 6 mil 74 en 2017; y de alto impacto de 3 mil 371 a 4 mil 871”, aseveró el titular de la FGJEM al detallar que se incrementó el número de sentencias en los delitos de alto impacto como el homicidio doloso que paso de 209 a 471; en secuestro, de 188 a 240, y en feminicidio, de 20 a 25.
También mencionó que se tuvo una efectividad en la obtención de vinculaciones a proceso. “En 2016 se vincularon a proceso 6 mil 845 personas, en 2017 subimos a 8 mil 715; vale la pena referir los delitos de alto impacto pues hay importantes avances. En delitos de alto impacto de 4 mil 968 personas, subimos a 7 mil 168”, dijo.
Alejandro Gómez destacó el trabajo realizado por el área de litigación y dijo que el propósito de la Institución es ser eficaces en el proceso de investigación y en la obtención de sentencias condenatorias, por ello la relevancia de trabajar de la mano, sociedad y autoridades, para promover la denuncia y la participación ciudadana en los procesos penales.
