Ciudad de México.- Tras asegurar que existen varias salidas para conseguir los 400 mil millones de pesos presupuestados por el gobierno federal para reconstruir las zonas dañadas de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México por el sismo del 19 de septiembre (19S), el investigador político y económico, Giovanni Jiménez Bustos, cuestiona que el gobierno federal esté optando por el camino fácil.
El especialista en estudios sociales y políticas públicas, advierte que bajo el pretexto de la reconstrucción de los estados afectados por los sismos, el gobierno mexicano y sus legisladores están brincando al vacío con los ojos vendados y su salto puede terminar por endeudar más al país, ceder ante el narcogobierno o caer en plutocracia (el gobierno de los ricos).
“Para cubrir esos 400 mil millones para la reconstrucción, bastaría que los legisladores respaldaran a la Auditoria Superior de la Federación para incautar los bienes y propiedades de todos los gobernadores y funcionarios públicos a quienes la dependencia federal tiene denunciados por casos de corrupción”, señala Giovanni Jiménez y explica que tan sólo de los recursos de desvíos millonarios se juntarían más de 170 mil millones de pesos.
Y es que, de 2012 a 2015, van más de 175 mil millones de pesos desviados sólo por gobernadores: existe la denuncia contra el gobierno de César Duarte en Chihuahua por el desvío de 80 mil millones de pesos; la Fiscalía documentó también el desvío de 35 mil millones de pesos de Javier Duarte en Veracruz; 35 mil millones más, malversados por los hermanos Moreira en Coahuila; 17 mil 500 millones desviados por Aristóteles Sandoval en Jalisco; 3 mil 603 millones del gobernador Eruviel Ávila del Estado de México y una cifra similar de Rodrigo Medina en Nuevo León.
“Todo este dinero debería servir para la reconstrucción, sólo basta que los legisladores se pongan los pantalones para pedir que se incauten todos los recursos de los funcionarios con sospecha de corrupción”, afirma contundente el también especialista en políticas públicas por FLACSO, quien señala que si no se ha optado por esta vía, es porque resulta más sencillo para la clase política aceptar que les quiten financiamiento a castigar a quienes cometen actos de corrupción.
A decir del investigador, el gobierno federal y los legisladores optan por el camino fácil de eliminar el financiamiento para partidos políticos, lo que podría traer como consecuencia un retroceso a la democracia y favorecería los casos de corrupción, propiciando la llegada de narcogobiernos o caer en la plutocracia.
Giovanni Jiménez señala que la Auditoria Superior de la Federación denunció el desvío de otros 9 mil millones de pesos por parte de la Federación, de modo que el gobierno federal tendría la obligación de devolver ese recurso y el auditor podría reclamarlo siempre que esté respaldado por diputados y senadores, para ordenar que se incauten los bienes sobre los que existe sospecha de corrupción.
