Radiografía Informativa.- Derivado de una denuncia ciudadana y mediante un esquema de investigación estratégica, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rescató a 26 mujeres, víctimas de explotación sexual y, aseguró en flagrancia a once personas que fueron puestas a disposición de un Juez Penal por su probable responsabilidad en el delito de Trata de Personas en su modalidad de explotación sexual por prostitución. El inmueble quedó bajo resguardo del Ministerio Público.
La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales informó que los ahora detenidos responden a los nombres de:
1.- Mónica Salinas Escalona,
2.- Eva Rosales García,
3.- Paula Romero Flores,
4.- Carlos Augusto Hernández González,
5.- Juan Arce Oviedo,
6.- Mariano Cervantes Meléndez,
7.- Apolonio Bautista Gómez,
8.- Juan Mario Chávez Romero,
9.- Gerardo Linares Romero,
10.-Carlos Vázquez Zarate,
11.- Alejandro Moya Alonso,
En conferencia de medios, la fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Rebollar, informó que el pasado 19 de julio, personal ministerial, pericial y de Policía de Investigación realizaron un operativo en un inmueble localizado en Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Puebla, con razón social El Encanto, donde fueron rescatadas 26 mujeres, todas ellas mayores de edad y de nacionalidad mexicana.
En esta acción, fueron detenidos 11 personas, entre encargados, meseros y personal de seguridad, por la probable comisión del delito de Trata de Personas en su modalidad de explotación sexual por prostitución, mediante la realización de bailes privados eróticos y ejercer el sexo-servicio en el interior del domicilio. Asimismo, quedó establecido que este lugar ofrecía servicio de lunes a domingo de 19:00 a 07:00 horas.
La mecánica de explotación consistía en que las víctimas realizaban servicio conocido como ficheo y copeo que daba derecho al consumidor de realizar tocamientos a la víctima. Los encargados del establecimiento proporcionaban condones a las agraviadas para prestar el sexo-servicio en una zona conocida como cuarto-oscuro.
Si alguna de las víctimas tenía hambre era obligada a pagar a uno de los empleados para que le llevara alimento o lo comprara en alguna tienda cercana a este lugar.
Una vez recabada la declaración de las víctimas y el pleno reconocimiento de los probables responsables, a través de la Cámara Gessell, el Ministerio Público decretó el acuerdo de retención de los inculpados, en tanto que solicitó valoración médica y psicológica a las agraviadas.
