Toluca, Edomex.- Cuatro sujetos que fueron detenidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en diciembre del año 2010, recibieron condenas que van desde los 250 años hasta 437 años de prisión, tras ser encontrados culpables del homicidio de al menos nueve personas, así como de los delitos de robo equiparado y delincuencia organizada. Por lo que la Autoridad Judicial, con sede en Tlalnepantla, les dictó las siguientes sentencias condenatorias:
437 años y seis meses de prisión, así como multas de 1 millón 578 mil 713 pesos y 795 mil 816 pesos como reparación del daño, en contra de Ali González Osuna.
391 años y tres meses de cárcel, multas de 1 millón 410 mil 643 pesos, y 692 mil 967 pesos, en contra de Víctor Gustavo Hernández Mejía.
312 años y seis meses de prisión, así como multas de 1 millón 127 mil 652 pesos y 795 mil 816 pesos como reparación del daño, en contra de Marco Antonio Carranza Sánchez.
Mientras que, Víctor Luciano Barrón Benítez fue condenado a 250 años de cárcel y deberá pagar multas de 902 mil 122 pesos y 692 mil 967 pesos como reparación del daño.
De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos formaban parte de una banda delictiva, con orígenes en el estado de Sinaloa y durante el año 2010 asesinaron a por lo menos nueve personas, por el control de la venta y distribución de droga en municipios del Valle de México. Por lo que fueron detenidos, luego de registrarse varios hechos delictivos relacionados con una disputa por el control de la venta de droga en Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán y Tultitlán.
Su captura se logró el día 3 de diciembre, en el municipio de Atizapán, luego de un enfrentamiento con un grupo rival, en donde falleció un sujeto llamado Ramón Fernández Pérez. Además, se reveló que dichos sujetos participaron en la ejecución de dos personas, hechos ocurridos el 14 de noviembre de ese año, cuyos cadáveres fueron localizados al interior de un vehículo compacto, abandonado en la colonia Villas de la Hacienda, en donde dejaron un mensaje intimidatorio contra integrantes de corporaciones policiacas. Así que fueron ingresadas al Centro Preventivo y de Readaptación Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, en donde quedaron a disposición de un juez.
