La ex alcaldesa y ahora candidata al gobierno del EdoMex, Alejandra del Moral estaría involucrada.
Cuautitlán Izcalli, EdoMex.- Todos los días 70 mil habitantes de Cuautitlán Izcalli arriesgan su vida en medio de dos basureros y casas construidas de forma irregular en la zona nororiente de este municipio.
Aquí los olores fétidos y la contaminación por los tiraderos, donde se vierte la basura a cielo abierto, conviven todo el tiempo con miles de izcallenses.
Estos basureros son el de San José Huilango (clausurado en 2010, pero que sigue recibiendo descargas) y el “Bicentenario de la Independencia” aprobado en 2010 por la entonces alcaldesa Alejandra del Moral, síndicos y regidores afines.
Especialistas aseguran que el impacto de un tiradero de basura es de 5 kilómetros a la redonda y en el caso de Izcalli en ese radio hay más de 15 colonias, pueblos y comunidades entre las que destacan Lomas de San Francisco Tepojaco, Los Ailes, Lomas de los Gallos, Las Tinajas, Las Moras, Los Pinos, Lomas del Rosario, Praderas del Rosario, Lomas de los Ángeles, Ejidos del Rosario, San Francisco Bungalos, Los Pinos, Pueblo de Tepojaco y Bosques del Lago.
Sin importar la vida de miles de personas, los dos basureros (con una distancia de 1 kilómetro entre uno y otro) fueron aprobados por gobiernos estatales y municipales a unos metros de miles de casas y escuelas.
Por si esto no fuera suficiente, habitantes del fraccionamiento Lomas de San Francisco Tepojaco y/o Lomas de Cuautitlán viven en casas que fueron construidas de forma irregular por las constructoras españolas Profusa Cuautitlán del Grupo Profusa y Desarrolladora Metropolitana DEMET; además de CAMET.
El proyecto Lomas de Cuautitlán fue aprobado en 1999 por el gobierno del Estado de México encabezado por Arturo Montiel Rojas (tío de Enrique Peña Nieto y del actual gobernador Alfredo del Mazo).
Lomas fue pensada como una pequeña ciudad de 11 mil 301 casas y aproximadamente 6 mil terrenos urbanizados. Fuera de la autorización y en un acto de corrupción se construyeron cerca de dos mil departamentos denominados eco viviendas y vivienda excedente.
“Las primeras viviendas se pusieron a la venta en 2002 y adquirí la mía en diciembre de 2003, hubo un temblor en enero de 2004 y vi que la casa se inclinó y presentó el primer hundimiento. Haciendo un recorrido por Lomas también descubrí que el conjunto urbano presentaba y presenta hundimientos y solicité dictámenes de Protección Civil municipal” explicó Jorge Arzave, activista defensor de derechos humanos.
El riesgo a la vida por las casas mal construidas y los basureros aprobados por gobiernos municipales y del Estado de México, llevaron a Arzave a empezar, hace 20 años, una lucha legal con el objetivo de lograr una reparación de los daños para todas las personas que viven cada día en Lomas dentro de casas que se caen a pedazos y respirando contaminantes de dos tiraderos.
Con la profundización de las investigaciones encontró que todas las cañadas y ríos de la zona de Lomas fueron rellenadas, además de que los edificadores no pusieron muros de contención a los taludes lo cual genera desplazamientos en toda la zona.
“La vivienda, si bien se paga por ella, no es una mercancía, es un derecho humano” aseguró Jorge quien continuó las investigaciones en el gobierno del Estado de México donde le cierran las puertas y llegó al Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde especialistas de ESIA Ticomán realizaron un estudio donde encuentran “entre otras, una falla geológica que atraviesa el conjunto urbano Lomas de San Francisco Tepojaco y uno de los dos tiraderos al cielo abierto de basura que hay en el área, esa falla acumula gases y lixiviados que se han filtrado gracias a la falta de una geomembrana lo que genera que esta zona sea una bomba de tiempo”.
Arzave tiene en su haber cerca de 30 juicios administrativos y 20 amparos y acompaña recursos penales impuestos hacia gobiernos municipales, estatales y la constructora Profusa Cuautitlán.
Con firmeza señala “catedráticos como Andrés Barreda hablan de este tipo de vivienda como casas de exterminio. Si no nos enferman con la basura, vamos a morir sepultados en nuestro propio hogar. Los juzgados federales han protegido al Cartel Inmobiliario del Estado de México, es el cartel de la toga porque nuestros derechos se mercantilizan, se les pone precio a nuestra propia vida”.
Además la constructora no cumplió con las obras de urbanización obligatorias por ley como lo son unidades médicas, mercado, salones de usos múltiples, vialidades de acceso y salida del conjunto urbano, etc.
Los hospitales de sistema de salud público están a una hora de camino del centro de Lomas de San Francisco Tepojaco, por lo cual toda persona que se enferma ahí vive un auténtico vía crucis para poder ser atendido, especialmente si es una urgencia médica.
“Como militar participé en varias labores sociales y sabía que había forma de gestionar ante las autoridades que se diera atención médica. Cuando acudíamos a hospitales IMSS, ISSSTE, SEDENA, entre otros, los médicos nos decían que éramos unos cochinos, pero esos doctores desconocían que vivimos prácticamente sepultados entre dos tiraderos de basura y mi idea fue buscar que los médicos dieran atención médica aquí”, señaló Jorge.
Por lo cual inicio primero la gestión y ante el retiro del servicio médico otro proceso legal con el cual logró que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) habilitara una clínica de salud dentro de una casa prestada y/o en unidades móviles. Esta unidad médica sobrevive del poco recurso público destinado al sector salud, donaciones de medicamentos, donaciones de equipo para la limpieza, trabajo voluntario y la entrega de las doctoras que dan consulta médica.
A este espacio diariamente llegan pacientes con infecciones generadas por la basura, mujeres que presentan complicaciones en sus embarazos, niñas y niños con infecciones en ojos, oídos, estómago.
“Tenemos cerca de 800 expedientes familiares, más de dos mil pacientes se atienden o se han atendido aquí. En un cuarto se da atención médica, en la salita la atención dental y afuera es la sala de espera de pacientes a pleno rayo del sol.
Los magistrados nos encadenan a no enfermarnos sino es de lunes a viernes porque no hay otro lugar donde atendernos en fin de semana si no es con los privados. Tenemos prohibido enfermarnos,”, expresó Jorge.
Arzave detalló que en Cuautitlán Izcalli, a pesar de contar con más de 500 mil habitantes, no hay hospitales públicos, “en Izcalli se ha privatizado la salud por la familia del Moral Vela. Hay una investigación donde se ha dado preferencia a los servicios médicos privados. Tenemos un hospital de zona estatal que lleva años en el cascarón ni hablar de nuevos centros de salud o de ampliar los centros de salud existentes”.
A pesar de que todo el conjunto tiene declaratoria de riesgo por parte de Protección Civil del Estado de México y de Cuautitlán Izcalli, con estudios de suelo, peritajes y periciales que lo ratifican, ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno ha tomado cartas en el asunto pese al exhorto emitido por la Cámara de Diputados local el 10 de noviembre de 2022 y que el propio legislativo sepultó.
Hubo un intento en abril de 2010, de la Cámara de Diputados Federal por sancionar a las empresas constructoras creando por punto de acuerdo la Subcomisión de Vicios Ocultos dependiente de la Comisión de Vivienda, en el caso de Cuautitlán Izcallí este intento fue detenido por la entonces alcaldesa Alejandra del Moral.
“Tan solo en Lomas tenemos 11 escuelas entre jardines de niños, primarias y una secundaria, todas tienen daño estructural.
Es una bomba de tiempo en todos los sentidos: agua, contaminación del medio ambiente, problemas de salud, vivienda, falta de servicios públicos… la ley provee muchos medios para resolver la problemática por lo que esto se resuelve con voluntad política, pero no la hay”, finalizó Jorge.
Mientras dependencias estatales se tapan los ojos e instancias federales como PROFEPA dicen desconocer la existencia de los basureros, los juicios federales continúan. Jorge no se rinde por lo que la lucha ya se llevó ante instancias internacionales por la presunta comisión de genocidio y lesa humanidad ante el lento exterminio de la población afectada.
