Radiografía Informativa.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) consiguió sentencia condenatoria por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, en contra de Francisco Acosta Rosales, Minerva Acosta Rosales, Maricela Acosta Rosales e Hilda Cano Acosta, quienes fueron condenadas a 4 años y 6 meses de prisión.
Cabe mencionar que esta es la primera sentencia condenatoria por este delito obtenida por la PGJEM, desde que se creó la Fiscalía Especializada de Trata de Personas en la entidad mexiquense, el 29 de junio del 2012.
Los hechos por lo que fueron procesados estos sujetos ocurrieron en el mes de octubre del 2013, cuando mediante un operativo implementado en el municipio de Texcoco, elementos de la PGJEM lograron recuperar a 10 menores de edad, de entre 7 y 17 años, quienes eran obligados a trabajar y realizar actos de mendicidad.
La movilización policiaca se llevó a cabo en respuesta a una denuncia ciudadana en la que se alertó sobre la comisión del hecho delictivo de trata de personas, en las inmediaciones de un negocio de comida, ubicado en la colonia Las Salinas, de ese municipio.
De acuerdo con la información recabada, los menores de edad se introducían al negocio comercial sin el consentimiento del encargado y trabajadores, para vender dulces o pedir limosna, mientras que los ahora sentenciados los vigilaban desde una esquina de la calle.
Hilda Cano Acosta, así como Francisco, Minerva y Maricela, todos de apellido Acosta Rosales, fueron detenidos por Policías Ministeriales y presentados ante la Autoridad Judicial en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Texcoco, en donde un Juez los vinculó a proceso, y previo proceso legal, les dictó la sentencia respectiva, de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delito en materia de Trata de Personas y para la Protección y asistencia a las víctimas de tales delitos.
Además de la pena privativa de libertad, los delincuentes deberán pagar una multa de 460 mil 350 pesos y mil 841 como reparación del daño, además perdieron la patria potestad sobre los menores de edad ofendidos.
