México, DF.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informa que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encontró elementos probatorios que presumen la existencia de irregularidades de exfuncionarios de esta Procuraduría en el caso DRAGON MART.
Ante dicha situación –agrega- la instancia adscrita a la Secretaría de la Función Pública (SFP), inició el procedimiento correspondiente contra Guy Adrián Piña Herrera y Samuel Jared Barrio Valladares, que se desempeñaron como Delegado Federal de la PROFEPA y Subdelegado Jurídico, en el estado de Quintana Roo, respectivamente.
Cabe recodar que la PROFEPA presentó el pasado mes de febrero una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) en la SEMARNAT, por posibles irregularidades administrativas relacionadas con los procedimientos aperturados a la persona moral Real Estate Dragon Mart Cancún, S.A. de C.V..
Una vez analizadas las diligencias de investigación pertinentes por el Órgano Interno de Control de la SEMARNAT, se informó a esta Procuraduría Federal que se encontraron elementos probatorios que permiten presumir la existencia de irregularidades administrativas por parte de los exfuncionarios citados.
Ante ello, se abunda en una comunicación oficial emitida por el titular del área de quejas de la citada instancia adscrita a la Secretaría de la Función Pública, se procedió a turnar al área de Responsabilidades del OIC la denuncia referida para dar inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario correspondiente.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente exhorta así a los titulares del Gobierno del estado de Quintana Roo y del municipio de Benito Juárez, para no desistir en la acción de la aplicación de la ley y hacer lo correspondiente en el esclarecimiento de los indebidos permisos otorgados a nivel estatal y federal a dicho proyecto.
En febrero pasado, la PROFEPA solicitó al OIC investigar y suspender temporalmente a servidores y ex servidores públicos de su Delegación Federal en el estado de Quintana Roo, que participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto “Dragon Mart Cancún”.
Asimismo, pidió por separado al Gobierno de Quintana Roo y del ayuntamiento de Benito Juárez, en esa misma entidad, revisar exhaustivamente todas y cada una de las autorizaciones otorgadas al proyecto comercial “Dragon Mart Cancún”, a fin de constatar su legalidad y deslindar en función de sus atribuciones, las responsabilidades legales correspondientes.
Lo anterior, luego de que la PROFEPA promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, porque resultaban cuestionables desde el punto de vista jurídico.
El documento dirigido en ese entonces al titular del OIC acotaba que un grupo de funcionarios en activo y ex funcionarios de la Delegación Federal de la PROFEPA en Quintana Roo, eximieron indebidamente al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal.
El oficio en cuestión sostiene que las resoluciones emitidas por la Delegación Federal de la PROFEPA en Quintana Roo en noviembre de 2012, fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor técnico-jurídico, para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio “El Tucán” por su calidad de terreno forestal.
Las comunicaciones dirigidas al gobernador Roberto Borge Angulo y el edil Paul Michel Carrillo, solicitan que ambas autoridades inicien en facultad de sus atribuciones, los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto.
También se pide que en caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisión de dichas autorizaciones, realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes.
Esta petición se basa en el marco de las relaciones intergubernamentales Federación-Estados, atendiendo la distribución de competencias en materia ambiental previstas en el Artículo 73 de la Constitución Mexicana, en relación con los numerales 5º y 7º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Asimismo, esta solicitud se basa en estricto apego al principio de respeto a la autonomía del Gobierno del estado de Quintana Roo, así como a lo previsto por el Artículo 45 fracción V, inciso b) del Reglamento Interior de la SEMARNAT que establece la facultad de esta autoridad para solicitar la colaboración a otras dependencias federales o municipales.
Lo anterior, con base en que todo servidor público está obligado a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, con el fin de salvaguardar los principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.