Ciudad de México.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) planteará al Consejo Nacional de Seguridad la posibilidad de que se devuelvan los 2 mil millones de pesos retirados al subsidio del programa nacional para la Prevención del Delito y se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
En el marco de la reunión del Grupo de Trabajo para la Prevención del Delito de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se comprometió a impulsar la ampliación del presupuesto destinado a prevención del delito para el PEF 2018 y explicó que se deberá llevar el planteamiento con el Secretario de Hacienda y con la Cámara de Diputados.
“Derivado del trabajo que ustedes realicen, nosotros estaremos haciendo el planteamiento; es importantísimo que lo tengamos antes de la confección, del diseño del presupuesto para poder presentarlo y hacer lo correspondiente con el Secretario de Hacienda y, obviamente, con la Cámara de Diputados”, apuntó.
En su calidad de presidente de la CONAGO, el mandatario capitalino insistió en que se buscará abordar el tema durante el Consejo Nacional de Seguridad, “para poder realizar un planteamiento muy serio y construir algo para los acuerdos de ese Consejo Nacional”.
Acompañado del Coordinador de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, Julio Cesar Serna Chávez, el Jefe de Gobierno, solicitó trabajar en un programa por entidad federativa que contemple las necesidades presupuestales, delineando objetivos y tareas perfectamente planificadas y definidas en cada una de las entidades, a fin de llevar propuesta a la siguiente reunión de la Comisión de Seguridad.
Por su parte, Juan de La Luz Enríquez Kanfachi, representante del Coordinador del Grupo de Trabajo y Gobernador de Quintana Roo, dijo que mientras para el ejercicio fiscal 2015 se le otorgaron a dicho programa más de 2 mil 600 millones de pesos, en 2016 se redujo el subsidio a 2 mil 15 millones y para el año en curso se eliminó en su totalidad del presupuesto.
“Reconocemos y debemos de entender que la prevención del delito es parte primordial del tema de seguridad, pero no solo de seguridad, sino de desarrollo social; es decir, el tejido social no solo debe recomponerse por razones de no vivir en la cultura de violencia o de vivir en paz, sino de un desarrollo digamos más de largo alcance”, subrayó.
El Grupo de Trabajo para la Prevención del Delito es uno de los 11 grupos que conformó la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, con la finalidad de abordar y analizar temas que permitan la creación e implementación de políticas que abonen en la protección de la integridad ciudadana.
Durante la reunión, Joaquín Araico, Director General de Coordinación para la Operación Territorial de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y María Bartolucci, Directora General de Coordinación Intersecretarial, ambos de la de Secretaría de Gobernación, expusieron la Política Pública de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia a nivel federal, ante los representantes de 26 estados de la República.
En ese sentido, María Bartolucci, solicitó la colaboración de la CONAGO para implementar un modelo de seguridad ciudadana, aunque recordó que ya existe el “Modelo de Gestión de Instituciones Policiales con Enfoque de Proximidad”, implementado como programa piloto en los municipios de Morelia, Michoacán, y General Escobedo, en Nuevo León, con el objetivo de restablecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública.
Bartolucci recordó que, en colaboración con el INEGI, en 2014 la Secretaría de Gobernación llevó a cabo la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED); es decir, la primera encuesta de factores de riesgo a nivel internacional, elaborada con cuestionarios especializados para jóvenes entre 12 y 29 años.
La Directora General de Coordinación Intersecretarial, destacó que entre los factores de riesgo que viven jóvenes mexicanos, prevalecen la violencia familiar, ya que en 50 por ciento de los hogares encuestados registran situaciones de conflicto y peleas entre miembros del núcleo familiar; a esto, se suma el acoso escolar, toda vez que 42.6 por ciento de los jóvenes fueron víctimas de delito o de maltrato; casos en lo que hubo compañeros de escuela involucrados como agresores.